Kazajstán está firmemente comprometido con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se está preparando para cumplir la Agenda 2030. Con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el gobierno se embarcó en una evaluación de la financiación del desarrollo (DFA) para analizar los recursos financieros existentes e identificar oportunidades para movilizar fuentes adicionales de financiación de manera más eficiente para lograr los ODS.
Un DFA apoya a los gobiernos y sus socios en la identificación y creación de consenso en torno a soluciones para abordar los desafíos financieros. Hace que las cuestiones financieras sean accesibles a los encargados de formular políticas y tomar decisiones. Sigue un proceso de consulta de múltiples partes interesadas informado por un análisis accesible sobre cuestiones de política financiera y lo que significan para una amplia gama de actores y construye una hoja de ruta acordada que puede respaldar el progreso en una variedad de áreas.
Este informe aborda tanto la primera como la segunda dimensión de un DFA. Estos analizan el panorama de la financiación del desarrollo de los recursos disponibles tanto públicos como privados y la integración y alineación entre los procesos de planificación y financiación en Kazajstán.
Este ejercicio tiene el propósito de animar al gobierno y sus socios de desarrollo a la idea de emprender un DFA completo o considerar el desarrollo de un marco de financiamiento nacional integrado (INFF). Por lo tanto, este informe sugiere un conjunto inicial de recomendaciones que constituyen los pasos iniciales para implementar los componentes básicos del INFF y fortalecer el mecanismo de financiamiento de los ODS de Kazajstán.
El informe está estructurado según las dimensiones de DFA. El primer capítulo explora el panorama financiero de Kazajstán. Se centra principalmente en la última década, a partir de 2008 de acuerdo con la disponibilidad de datos oficiales. El capítulo dos describe el sistema de planificación estatal actual y cómo se alinea con los procesos presupuestarios. Compara la estructura institucional formal, de jure, de acuerdo con la legislación gubernamental, con la planificación de facto y las prácticas presupuestarias, sobre la base de los análisis de expertos recientes disponibles y las consultas con las partes interesadas del gobierno. El tercer y último capítulo sugiere áreas prioritarias de mejora, a partir del análisis anterior.